Encabezado

SJE REFOR-CGE 18/2019 -14 de mayo de 2019

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Dado que mañana miércoles es San Isidro y festivo en Madrid, remitimos hoy el SJE.

 

1) STSJ de Asturias 827/2019, de 29 de marzo.**

Sala de lo Social. Ponente, Francisco José de Prado Fernández.

Sucesión de empresa: Necesidad de que la relación laboral esté viva en el momento de la transmisión.

Toda  subrogación  en  una  relación  laboral,  cualquiera  que  sea  su  causa,  implica  una  novación  subjetiva en la persona del empleador, de forma que el empresario entrante sustituye al saliente en los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. Pero para que esto pueda ocurrir, para que se produzca el cambio de empresario, es necesario que la relación laboral esté viva en el momento de producirse el hecho que debería motivar la subrogación. Reproduce SSTS de 4 de octubre de 2017 y 27 de abril de 2016.

 Para que opere la garantía que establece el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores es necesario, salvo supuestos de fraude acreditado, que los contratos de trabajo continúen en vigor y no se hayan extinguido válidamente. Reproduce STS 16 julio 2003 y cita SSTS de 11 de abril de 2001; 15 de abril de 1999; de 20 de enero de 1997; y de 24 de julio de 1995.

 

2) SAP de Cáceres 207/2019, de 29 de marzo.**

Sección Primera. Ponente, María Luz Charco Gómez.

Créditos de derecho público: Embargos trabados sobre bienes del concursado antes del concurso, convenio.

Convenio: Efectos sobre los embargos de derecho público trabados antes de la declaración de concurso.

Convenio: Control de legalidad del Juez del concurso.

La cláusula del convenio que establece "(u)na vez declarada la resolución de eficacia del presente convenio, quedará sin efecto cualquier tipo de procedimiento judicial  o  administrativo  a  instancia  de  los  acreedores  obligados  por  este  convenio  que  hayan provocado, con anterioridad a la declaración de concurso, embargos, anotaciones preventivas o retenciones de cualquier naturaleza sobre cualquier bien o derecho del concursado” contraviene una de las excepciones legales, concretamente la contenida en el art. 55.1 II LC, que de forma absolutamente clara permite continuar los procedimientos administrativos de ejecución hasta la aprobación del plan de liquidación.

El control del Juez es un control de estricta legalidad, no solo de los aspectos formales relativos a la formación de la voluntad colectiva de los acreedores, sino también del contenido del convenio, quedando excluido el control de oportunidad. La posibilidad de rechazo por parte del juez se fundamenta en la infracción de normas imperativas, por lo que esta decisión tan sólo está justificada cuando lo acordado sea absolutamente nulo, por haber infringido dichas reglas.

 

3) STSJ de Andalucía 1207/2019, de 28 de marzo.***

Sala de lo Social. Ponente, José Joaquín Perez-Beneyto Abad.

Unidad productiva: Concepto.

Unidad productiva: Diferencia entre sucesión en la actividad y sucesión en la organización.

La unidad productiva es una noción objetiva que en el contexto del art. 44 ET se define por la idoneidad de un conjunto de elementos patrimoniales pertenecientes a un empresario para ser susceptibles de una explotación económica independiente, capaz de ofrecer bienes y servicios al mercado. Y en esa noción objetiva resulta trascendente en cada caso analizar las particularidades que concurran a efectos de determinar si concurren tales notas. Hay que distinguir entre mera sucesión en la actividad, que no implicaría subrogación contractual o transmisión de empresas, frente a la sucesión en la organización, que sí lo constituiría, ateniéndose a las particularidades de cada supuesto.

Ceder una actividad, sin ir acompañada de la transmisión de otros elementos, no constituye ningún traspaso o sucesión de empresa  pues una entidad no puede reducirse a la actividad de que se ocupa de modo que si se liberaliza un servicio y no constan la transmisión de elemento alguno, ello determina la inaplicación el art 44 ET.

 

4) AJM de Barcelona 25/2019, de 26 de marzo.***

Juzgado Mercantil 9. Juez, Bárbara María Córdoba Ardao.

Nota del autor: Reproducimos el texto completo de las consideraciones de la magistrada por la riqueza de su fundamentación y su relevancia.

Principio de continuidad de la empresa.

Regla de la flexibilidad.

Unidad productiva: Derecho de veto en favor de los acreedores con privilegio especial.

El legislador siempre ha apostado de manera decidida por soluciones que garanticen la salvaguarda del negocio y de los puestos de trabajo, pues ello redunda no sólo en interés de los acreedores sino también de la economía en general, de ahí su apuesta por los acuerdos de refinanciación, por potenciar el convenio de acreedores o si éste no fuera posible o fracasa, por la venta de la unidad productiva. Por tanto, tal como dispone el art. 3 del CC, cuando los jueces interpretamos la norma tenemos que tener presentes siempre estos objetivos y que "a pesar de la imperatividad de las normas", es conveniente dotarlas de "flexibilidad",  tal  como  recoge  la  propia  ley concursal  en  su  exposición  de  motivos,  lo  que  supone evitar interpretaciones excesivamente rigoristas de los preceptos que nos aboquen a situaciones totalmente contrarias a los objetivos antes citados.

El derecho de veto en favor de los acreedores con privilegio especial que recoge el art. 155.4 LC no es ilimitado sino que se da sólo si concurren dos requisitos:

a) Que el acreedor con privilegio especial tenga derecho de ejecución separada: Lo que supone una remisión a los arts. 56 y 57 LC. Soy plenamente consciente de que la STS de 21 de noviembre de 2017, dijo lo contrario, ahora bien:

1.- Es un pronunciamiento obiter dicta, siendo el objeto del recurso de casación otro mucho más limitado como era determinar si el registrador de la propiedad tenía o no competencia para examinar, a la hora de dar cumplimiento al mandamiento judicial de cancelación de cargas de los bienes afectos al pago de un privilegio especial vendido con la unidad productiva, si el juez del concurso había respetado los derechos del acreedor con privilegio especial reconocidos en los arts. 155.4 y 149.2 LC durante ese proceso, habiéndose pronunciado el TS en sentido afirmativo.

2.- Porque estamos ante una única sentencia y que no es de Pleno, por lo que no constituye "jurisprudencia" a los efectos del art. 1.6 CC, pudiendo el juez apartarse de dicho criterio si concurren otras circunstancias que así los justifican, como es el caso.

3.- Si el legislador hubiera querido desvincular el art. 149.2 LC de los arts. 56 y 57 de la LC , como sostiene la parte oponente, de tal manera que el derecho de veto se reconoce a favor de todo acreedor con privilegio especial por el simple hecho de serlo, tenga o no derecho de ejecución separada al amparo de los arts. 56 y 57 LC, ¿qué sentido tiene entonces esa referencia expresa que hace el art. 149.2 LC al "acreedor con privilegio especial con derecho de ejecución separada"? De ser así, hubiera bastado con la simple mención al "acreedor con privilegio especial".

4.- La STS no justifica ni argumenta el porqué de esa desvinculación.

5.- Esa interpretación literal del precepto, desvinculada de los arts. 56 y 57 LC, nos puede llevar a situaciones absolutamente opuestas a las pretendidas por el legislador. Ese derecho de veto se introdujo para protegerlos derechos del acreedor con privilegio especial ante determinadas prácticas perniciosas y abusivas que se venían produciendo en los concursos de vender las unidades productivas por un precio bajo a costa del acreedor con privilegio especial, al cual se le estaba además cercenando su derecho de ejecución separada. Ahora bien, lo que tampoco podemos es irnos al extremo contrario y que sean ahora los acreedores con privilegio especial quienes desplacen la labor del administrador concursal y del propio juez pudiendo elegir a quién se vende la unidad productiva y a quien no, sea la oferta o no de interés para el concurso, que es a lo que en definitiva nos aboca el pedirles "autorización" y "consentimiento previo" a la transmisión.

En suma, a mi entender, el derecho de veto que prevé el art. 149.2 letra a) LC sólo se otorga a favor de aquellos acreedores con privilegio especial que cuentan "con el derecho de ejecución separada "conforme a los arts.56 y 57 de la LC, pues son a ellos a quienes se les está exigiendo un mayor sacrificio pues pudiendo vender el bien de manera separada, el legislador ordena la suspensión de ese derecho en interés del concurso. A sensu contrario, si los acreedores privilegiados, pudiendo hacerlo, no han iniciado la ejecución singular una vez abierta la fase de liquidación, quedan sometidos a las reglas de la ejecución universal como el resto de acreedores, no teniendo más privilegios que aquél que le otorga el art. 154 LC en cuanto al cobro por lo que no será preceptivo su consentimiento previo a la transmisión. Por lo expuesto, no habiendo constancia de que los acreedores con privilegio especial hayan iniciado en este caso el proceso de ejecución hipotecaria antes de la apertura de la fase de liquidación, carecen del derecho de veto del art. 149.2 letra a) de la LC en relación con el art. 57 del citado texto legal, de ahí que deba desestimarla propuesta de modificación planteada.

b) Que estemos ante una venta directa de la unidad productiva  en sentido estricto: Es decir, cuando se pretenda adjudicar la unidad productiva propiedad de ella concursada directamente a la persona designada por la concursada o por la administración concursal sin haber seguido ningún proceso público ni concurrencial para la búsqueda de otros postores, aplicando por analogía la interpretación que la sección 15ª de la AP de Barcelona, ha hecho en su auto de 2 de mayo de 2017 sobre el art. 155.4 LC. Y ello es así porque si el acreedor privilegiado ha podido participar en todo momento en ese proceso público de venta y mejorar las ofertas presentadas, bien a través de la apertura de plicas en el juzgado, bien en ante el notario designado, no es lógico que luego, su pasividad, pueda ser premiada con un derecho de veto a la operación y más, sin tener siquiera que motivar el porqué del mismo.

 

5) STSJ de la Comunidad Valenciana 1417/2019, de 21 de marzo.**

Sección Primera. Ponente, Ana Sancho Aranzasti.

Sucesión de empresa: Requisitos necesarios.

Para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trate, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o, de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles y el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y de Ia duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente.

 

 

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

 
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